Cuando se aborda la problemática de los adultos mayores, en concordancia a la calidad de vida de los mismos, así como la relación que tienen con la familia y como ésta se hace cargo de ellos, resulta fundamental tener en cuenta las políticas sociales y/o programas que se están desarrollando en la actualidad, los que tienen directa correlación con la institución en la que se están llevando a cabo, ya que con el paso de los años, el cuidado de los adultos mayores se ha ido institucionalizando a raíz de los cambios en la familia y en la apertura de la mujer a nuevas posibilidades como lo es el ingreso al mercado laboral.
Para contextualizar es preciso señalar que, en la Residencia de Adulto Mayor “Carlos Mujica Castillo”, las políticas sociales apuntan a los ámbitos de salud y vivienda principalmente, enfocándose más en el primero, esto debido a que los usuarios etariamente sobrepasan en muchos casos los 80 años, por lo que el “envejecimiento secundario” (Arriagada, 2007) predomina en el lugar. Las políticas no están mayormente relacionadas con una entidad gubernamental en especifico, pero si recogen algunas que utiliza el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), que trabaja primordialmente los aspectos de alimentación y el seguimiento y/o atención de la salud de los adultos mayores. Por ello programas como “Alimentación complementaria para adultos mayores”, el cual entrega la nutrición de forma gratuita o bien el programa de “Salud del adulto mayor” (Gobierno de Chile, 2010), que contribuye a mantener o resguardar la salud de los adultos mayores, a si como mantener sus controles al día en el caso de enfermedades crónicas padecidas desde hace varios años, son ejecutados por la Institución en cuestión, teniendo cierta independencia en este hecho, lo cual se repite en otras instituciones a nivel país, ya que en este caso el organismo gubernamental (SENAMA) hace entrega únicamente de las garantías y los servicios correspondientes. Ante esta situación la participación de la familia en la mayoría de las ocasiones es nula, puesto que la procedencia de los adultos mayores es de la calle, o bien llegan a la residencia gracias a las gestiones de vecinos y en menor medidas familiares, por lo cual es posible notar que las políticas sociales apuntan más bien a la entrega de los suministros básicos para su manutención en hogares de este tipo, considerando por cierto los pocos recursos que estos perciben.
A raíz de la inserción de la mujer al mercado laboral, la carga que éstas presentan es mayor, ya que su rol está determinado a “encargarse fundamentalmente de los aspectos reproductivos, del cuidado doméstico de hombres, niños y ancianos” (Arriagada, 1997), lo cual afecta en gran medida a los adultos mayores, esto porque al volverse incompatible el desempeño tanto en el ámbito laboral como en el mundo privado del hogar y los deberes que esto implica, vuelve a los adultos mayores una carga extra para la vida de las féminas, esto principalmente porque no se comparten los roles en la familia. Es de este modo como se fortalece la institucionalización, permitiendo que las políticas sociales en esta área vayan en esa línea.
En cuanto al marco regulatorio que rige a las políticas sociales que se enfocan en los adultos mayores se encuentra “la incorporación del A. M como sujeto vulnerable especifico” para aumentar la protección a los adultos mayores y evitar de este modo el maltrato que puedan sufrir, es de este modo como “la propuesta legal incluye la modificación de la ley de violencia intrafamiliar, puesto que actualmente se le aplica la normativa por extensión”. Asimismo, “aumentar la protección penal en caso de abuso patrimonial, cuando el abuso sea realizado por un pariente, lo que implica modificar el Código Penal. Se propone además la modificación de la Ley de Tribunales de Familia N° 19.968, en dos ámbitos, el primero es en cuanto a especificar una medida de protección especial, cuando se trate de una persona mayor abandonada que requiera de cuidados y el segundo referido a señalar la obligación de denunciar en casos de violencia intrafamiliar, al cuidador de una persona dependiente”. (Forttes, 2007).
Si se analiza lo antes mencionado, es posible notar que el cuidado del adulto mayor se le sigue atribuyendo en gran medida a la familia, lo cual no sólo existe en Chile, sino que en otros países de Latinoamérica donde se estipula que “es obligación de la familia asistir y proteger a las personas de la tercera edad que sean parientes de la misma (Paraguay), o bien que la familia tiene la responsabilidad primaria de atención de las personas mayores (El Salvador). No así en Costa Rica, donde se condiciona la garantía de contar con el apoyo familiar en la edad avanzada y se indica que en la medida de lo posible, las personas mayores deban permanecer integradas a su núcleo familiar y comunidad” (Arriagada, 2007). Ante esto se vuelve relevante la conjugación entre el Estado, la familia y la comunidad al momento del cuidado y protección de los adultos mayores, ya que el Estado es el encargado de proporcionar los medios para el bienestar de los adultos mayores, hecho que está ligado con la participación de la familia, ya que ésta es la institución principal que se encarga del cuidado de los mismos, a si como es el organismo que acoge las políticas sociales planteadas por el estado, esto en el caso que los adultos mayores cuenten con familiares que los cuiden. En cuanto a la comunidad, ésta es tan importante como los anteriores, ya que se relaciona con los sistemas con los que comparte a diario, ya sea el de salud, amigos o bien la institución la cual está a cargo del usuario. Esto es de gran relevancia, ya que a medida que el adulto mayor va cumpliendo años y superando etapas, su círculo más cercano va disminuyendo (amigos, hijos, hermanos, etc.), por lo que contar con redes que están ajenas a sus cercanos es elemental para mejorar la calidad de vida del mismo.
En base a todo lo expuesto, la residencia para Adulto Mayor “Carlos Mujica Castillo”, es una institución que si bien no trabaja de la mano con el SENAMA y con ninguna entidad gubernamental si acoge ciertos programas, los cuales se restringen a la entrega de lo básico, lo que se condice mucho con las políticas sociales que se desarrollan en Chile, esto debido a la falta de recursos, así como por los cambios que ha experimentado la familia y el protagonismo que ha tenido la mujer, sin considerar que somos una nación que va camino a tener una sociedad mayoritariamente longeva, por lo que el resguardo y la protección del adulto no sólo debe estar a cargo de una institución en particular, más bien se debe trabajar por proporcionar los medios pertinentes para que la familia pueda cuidar de sus adultos mayores sin que sea una carga para la misma.
Bibliografía
· Arriagada, Irma (2007): Familias y políticas públicas: “Una historia de desencuentros”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Chile
· Arriagada, Irma (1997): “Políticas Sociales, Familia y Trabajo en la América Latina del fin de siglo”, Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Chile
· Forttes, Paula (2007): “Ponencia, Avances en Políticas Públicas dirigidas al envejecimiento y la vejez en Chile bajo un marco de Derechos”, Directora Servicio Nacional del Adulto Mayor, Chile
· Gobierno de Chile (2010): “Guía de Programas Sociales 2009- 2010”, Ministerio de Planificación, Unidad de Participación y Solidaridad, Chile
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